18 de Febrero: revolución judicial

Mientras dos de las principales figuras del ámbito judicial español, el Ministro de Justicia y el juez Garzón, emulaban a la figura de Franco por esos cotos de España utilizados por la élite conservadora para sus trapicheos con el generalísimo, los jueces españoles de la baja estirpe (siempre ha habido clases), se preparan para lo que será algo desconocido en la historia reciente de España: una huelga de jueces. No voy a entrar a valorar la legalidad o no de esta actuación, creo que no está tipificada dentro de ninguna ley, porque no se preveía una situación excepcional de estas características. Mientras, estas figuras anteriormente citadas disfrutaban, de balde, de una caza mayor, la mayor parte de la judicatura las pasan canutas para poder hacer frente a las enormes carencias, básicas en la mayoría de los casos, que padecen en los casi cinco mil juzgados de instrucción repartidos por el país. Tras leer sus reivindicaciones, he deducido que un 90% de las mismas van directamente encaminadas a agilizar y modernizar unos servicios obsoletos, los cuales, como ciudadanos y contribuyentes no nos merecemos, existiendo por estos motivos indefensión e injusticia.

Esta indefensión y lentitud, por ejemplo, está llevando a la quiebra y a la ruina a multitud de pequeñas y medianas empresas ante las demandas presentadas por impagos que se han disparado con la crisis, incluyendo en este paquete a los ayuntamientos morosos, que son la gran mayoría. Por lo tanto no es de recibo que se esté linchando a los jueces de esta manera, acusándolos de corporativismo (por el caso Tirado) y de irresponsables, que algunos habrá, por la gran mayoría de medios de comunicación que desconocen por completo el funcionamiento actual de la justicia, o lo que es peor, que dichas críticas obedezcan a un populismo trasnochado fomentado por el poder político de turno en su lucha contra un poder que no “controlan del todo”, cuando lo que se pretende es, que al igual que la sanidad o la educación, este servicio funcione aceptablemente, que no es lo mismo que perfecto. Pues nos encontramos con que los medios de comunicación, salvo raras excepciones, hacen caso omiso a las demandas de estos funcionarios en sus reivindicaciones hacia un servicio de calidad, cayendo en la sumisión de los políticos y partidos (todos) que tienen mucho que callar por las carencias en inversiones, legislatura tras legislatura, en un servicio público que da pocos votos. Otros periodistas, los acusan de callar durante años y saltar ahora. La respuesta es fácil: la incapacidad, torpeza y chulería del ministro Bermejo, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

La “cacería” a la que han estado expuestos los jueces por el caso Mariluz ha sido el colmo de los despropósitos tanto por medios como por políticos, por un retraso en la ejecución de una sentencia que el presunto asesino tenía pendiente de cumplir. En España se calcula que hay aproximadamente 270.000 sentencias pendientes de ejecutar, por lo que crucemos los dedos, y en el caso de Mariluz, si la ejecución de la sentencia se hubiera efectuado en fecha, el asesino ya hubiera estado en libertad en el momento del asesinato de la pequeña, pero claro, esto no se ha dicho.

La falta de medios básicos informáticos que padecen los juzgados, son de eso, de “juzgado de guardia”. Si un juez necesita saber si un imputado tiene otras causas pendientes en otros juzgados, tiene sólo una opción, llamar juzgdo por juzgado para averiguarlo, o sea, lo más básico en cualquier empresa por pequeña que sea como es una base de datos en red, es un lujo inalcanzable para todos los juzgados de España. Por poner otros ejemplos, para una cosa tan básica como sustituir un ratón de ordenador de un empleado de un juzgado, los trámites son los siguientes: el Secretario o secretaria tiene que hacer una instancia, la Junta de Andalucía (consejería) valora la necesidad y al cabo de meses se lo envían. Por lo tanto para que ese ordenador o más bien máquina de escribir moderna, siga operativo a la espera del ratón, el funcionario debe proveerse de uno personalmente.

A todo esto añadir que un juzgado es un reino de Taifas, donde el titular del mismo, el juez (CGPJ), no tiene la debida autoridad sobre la secretaría judicial (Ministerio Justicia) y los funcionarios (consejería de la Junta), por lo que si un funcionario comete una negligencia, ésta debe ser elevada a la consejería, con la instancia de turno, con lo que el proceso de traslado y posterior sustitución de dicho funcionario se puede eternizar, siempre que sea aceptada dicha negligencia por la consejería. ¿Os imagináis cuántas empresas podrían ser viables con este sistema?

Cada juzgado mixto (primera instancia e instrucción) puede tener abiertos más de 2.000 procedimientos con sus correspondientes trámites cada uno, que pueden ser 40 trámites por procedimiento y que deben ser firmados por el juez, todos y cada uno. Y es que en este país se trabaja con una Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX, que prevé que se tengan que hacer multitud de trámites innecesarios, todos escritos en papel, firmados por el juez y el secretario con sus correspondientes copias.
La última propuesta que el ministro “cazador” ofreció para desconvocar la huelga consistía en una aportación de 20 millones de euros para modernizar la justicia, lo mismo que se gastaron en la cúpula de Barceló en la sala de “La alianza de civilizaciones” de Ginebra. El presupuesto del ministerio de Justicia ronda los 70 millones de euros, lo mismo, y no me gusta ser reiterativo, pero no tengo más remedio, que se está gastando la Junta en rehabilitar un palacio, el de San Telmo en Sevilla, con vivienda incluida para el presidente Chaves. Estos son ejemplos claros del poco interés que los políticos tienen por mejorar un servicio básico y fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

Espero que no se tomen esto como una defensa a ultranza de los jueces, aunque a algunos iluminados les parezca otra cosa, simplemente es una reflexión de cómo algunas figuras importantes de nuestra sociedad desvían la atención, hacen demagogia o manipulan, para no asumir sus responsabilidades, con el consiguiente grave perjuicio a los derechos de los ciudadanos.

Febrero 2009

Rafa Calasanz
rafacalasanz@hotmail.com